Tras cierta controversia relacionada con el desmantelamiento de varios organismos autónomos de supervisión en México, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el programa actualizado de protección de datos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), entró en vigor en México el 21 de marzo de 2025. Al mismo tiempo, también entraron en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y una reforma al artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
En nombre de la “simplificación orgánica” como parte de un régimen más amplio de reforma constitucional, México introdujo cambios que asignaron la responsabilidad del acceso a la información, la transparencia y la protección de los datos personales a una nueva entidad gubernamental: el Ministerio de Anticorrupción y Buen Gobierno.
La LFPDPPP no difiere de forma significativa de la ley de 2010 en la que se basa, y los fundamentos principales permanecen. No obstante, algunas definiciones específicas han cambiado. Por ejemplo, se ha modificado la definición de responsable del tratamiento, se ha eliminado la obligación de informar sobre las transferencias de datos personales y se han añadido otras obligaciones, como el requisito de detallar los datos personales que se recopilarán y tratarán, así como la distinción entre finalidades que requieren consentimiento y las que no. Esta no es una lista exhaustiva de los cambios, pero ofrece un panorama general de los ajustes que introduce la ley.
La LFPDPPP refuerza los derechos de los titulares de datos y establece un umbral de responsabilidad más alto para los responsables y encargados del tratamiento. Como consecuencia, las empresas que recopilan y procesan datos personales deben aprovechar esta oportunidad para revisar sus políticas y avisos de privacidad a la luz de las modificaciones en la LFPDPPP, a fin de cumplir con las nuevas normativas mexicanas. El nivel más alto de exigencia en cuanto a responsabilidad y legalidad implica que se recomienda una auditoría integral. Esta debería examinar las fuentes de datos, los contratos con proveedores y terceros, las políticas de cookies y consentimiento, y las políticas de retención y eliminación de datos.
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